Por Vicenç Navarro

Aparecido en Público

El olvido del pasado reciente de España, alentado primordialmente por los partidos conservadores, explica que gran parte de la juventud conozca muy poco la historia de este país. De la Segunda República, por ejemplo, suele desconocerse que fue una de las épocas más reformistas y con mayores cambios en la primera mitad del siglo XX, a pesar de su brevedad. De la dictadura se desconoce también que fue de las más sangrientas que ha habido en Europa, como lo muestra que por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000. Lo que se les ha transmitido a los jóvenes es que aquel régimen permitió el desarrollo económico y social del país, con el surgimiento de las clases medias que presionaron para que se hiciera la Transición a la democracia (considerada como modélica) guiada por el monarca, que nos condujo a una democracia homologable a cualquier democracia europea.
La realidad, sin embargo, fue muy distinta. La dictadura impuso un enorme retraso económico, político y social al país, de manera que cuando el dictador murió, teníamos las desigualdades más grandes, y el gasto público social y el nivel educativo más bajos de la Europa occidental.
También se ignora que la Transición de la dictadura a la democracia se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras, aun cuando el mayor impulso que forzó el fin de la dictadura procedió de las movilizaciones populares, y muy en especial de la clase trabajadora de las distintas naciones y pueblos de España. Nuestro país tuvo el mayor número de huelgas de Europa entre 1974 y 1978, de manera tal que, aunque el dictador murió en la cama, la dictadura murió en la calle. Tal presión, sin embargo, no fue suficiente para que hubiera una ruptura con el régimen anterior. Las fuerzas conservadoras continuaron teniendo un dominio casi completo de los aparatos del Estado, así como de las instituciones financieras y económicas y gran parte de los medios de mayor difusión.
Este dominio determinó, entre otros hechos, el diseño de la Ley Electoral, que tenía como objetivo debilitar a las izquierdas en general y al Partido Comunista en particular. Tal partido había protagonizado la lucha contra la dictadura y era percibido por los sucesores del franquismo como su mayor enemigo. Esta ley estableció las bases de un bipartidismo que, sesgado hacia la derecha, dificultó enormemente la aparición y crecimiento en el arco parlamentario de opciones de izquierda. La izquierda mayoritaria, al ver que este diseño la beneficiaba a ella a costa de la más temida y radical, respaldó tal bipartidismo que, aun cuando favoreció el tamaño de su grupo parlamentario, dificultó el desarrollo de su programa electoral, pues al no obtener fácilmente mayorías, se tuvo que aliar más frecuentemente con las derechas nacionalistas conservadoras que con los partidos a su izquierda. El hecho de que el Gobierno tripartito catalán fuera más progresista y avanzado en sus reformas que el Gobierno socialista español se debe precisamente a que el Partido Socialista de Catalunya tuvo que aliarse con otros partidos a su izquierda. Tal Gobierno tripartito lideró el periodo más progresista que haya vivido Catalunya en los últimos setenta años, lo cual explica la enorme hostilidad que despertó en el establishment nacionalista conservador catalán.
El sesgo del proceso electoral y las alianzas que determinó explica el enorme y creciente desfase
entre lo que la población desea y lo que los gobiernos aprueban, un desfase especialmente perjudicial para el Gobierno socialista, cuyas renuncias durante el periodo 2008-2010 a sus promesas electorales han creado un enorme rechazo. Ello ha dado pie a que las derechas (sucesoras, en su mayoría, de las fuerzas que dominaron la dictadura) se aprovecharan hábilmente, presentándose como “el partido de los trabajadores” criticando al Gobierno Zapatero con argumentos propios de la izquierda. Entre otros, han señalado que España es el país con mayores desigualdades en la UE, ocultando que han sido tales fuerzas, que el PP representa, las causantes de que España haya sido siempre el país con mayores desigualdades, que se han incrementado con la crisis y que, sin ninguna duda, se acentuarán todavía más con las políticas neoliberales que el PP ha propuesto, en caso de que gobierne.
Esta distancia ha generado una protesta generalizada, liderada por el Movimiento 15-M, que goza de un amplio apoyo popular (el 62% de la población), y que está indignado con la clase política porque considera que no les representa. Una respuesta comprensible ante esta situación, pero errónea, sería la de abstenerse. El movimiento de rebelión continuará y se incrementará todavía más con el futuro que se avecina. La recuperación de la democracia exige una segunda transición desde la democracia incompleta a la democracia que la ciudadanía exige, que incluye una representatividad más proporcional y formas de participación directa, hoy prácticamente inexistentes. Se requieren, además, cambios profundos, tanto en la Ley Electoral como en el sistema de financiación de los partidos y su democratización.
Pero esto no se conseguirá absteniéndose. La lucha por la democracia va a ser una lucha larga y difícil que debe realizarse en todos los frentes. Las necesarias movilizaciones y la agitación social son esenciales. Pero esta necesaria presión, para tener impacto sobre el bienestar de la población, debe traducirse también en intervenciones legislativas, lo cual requiere una presión sobre las únicas instituciones representativas existentes, por insuficientes que sean. De ahí la enorme importancia de respaldar a aquellos partidos que, por su origen e historia, puedan y quieran apoyar al necesario movimiento de rebeldía.