Por Luis Naranjo

Desde el pasado 30 de Junio, representantes del Foro por la Memoria de Córdoba, del Foro Ciudadano y de la Asociación Ágora, bajo la eficaz coordinación técnica del Archivo Municipal, vienen desarrollando una meticulosa labor de contraste de fuentes historiográficas y registros documentales, con el objetivo de validar -en la medida de lo posible- el listado de hombres y mujeres fusilados en Córdoba por las fuerzas franquistas durante la Guerra Civil y la Dictadura. La veracidad de los datos se ha conseguido mediante la consulta comparada de los libros de enterramientos y de las investigaciones previamente realizadas por historiadores como Francisco Moreno, y Patricio Hidalgo, entre otros. El resultado de esta metodología de trabajo ha sido el reconocimiento y la identificación de 2.298 víctimas que yacen en las fosas comunes de los cementerios de la Salud y San Rafael, y cuyos nombres aparecerán con la dignidad que se merecen en sendos Muros de la Memoria.
Más allá de posiciones apasionadas o políticamente interesadas, creo que esta es una buena oportunidad para plantear un debate sobre el sentido último de las iniciativas y prácticas memorialistas. Este sentido no puede ser otro que el ejercicio del “derecho a la verdad” en relación con el genocidio sostenido y programado que caracterizó no sólo los años de la guerra, sino también la primera etapa de la dictadura. En el marco de la memoria histórica, las exhumaciones no pueden considerarse solo como un acto privado o familiar o como un derecho exclusivo de los descendientes, sino que poseen una dimensión pública y cívica, que se basa en el derecho de todos los ciudadanos a conocer lo que ocurrió. Las exhumaciones forman parte así de un conjunto interrelacionado de actuaciones de reconstrucción de la memoria colectiva, que consisten en: 1) la localización e identificación de las victimas, 2) su reconocimiento y reparación, 3) explicar y contextualizar y 4) Exhumar.
Si proyectamos estas tareas a lo realizado hasta ahora en Córdoba, puede concluirse que se ha dado un gran paso en la localización física de las fosas y en la identificación de gran número de victimas, aunque la cuestión sigue abierta y, contando con la colaboración ciudadana, se seguirán añadiendo sin duda nuevos nombres al listado existente. La reparación puede entenderse desde dos perspectivas: la moral e histórica por un lado y la legal o jurídica por otro. La segunda se encuentra obstaculizada por la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977 y por la actual redacción de la Ley de Memoria Histórica, y esta es precisamente una de las razones por las que exigimos ciertas condiciones al proceso de exhumación. En cuanto a la primera, no se trata en ningún caso de “devolver” la dignidad a las víctimas, puesto que murieron con ella (en todo caso la perdieron sus verdugos), sino de recuperar su memoria y la de los valores democráticos por los que lucharon para el conjunto de la ciudadanía. Este es precisamente el objetivo de los muros, que incorporan los nombres de las victimas y establecen un espacio de la memoria como ámbito de presencia, de homenaje y de recuerdo.
La explicación pública y abierta de las causas históricas sirve para entender el porqué de aquellos asesinatos masivos, y constituye una premisa necesaria para el conocimiento de los valores e intereses que defendían víctimas y victimarios. Para sustentar esta explicación en bases científicas, el Foro por la Memoria y el Archivo Municipal coorganizan unas Jornadas, que tendrán lugar en el Salón de los Mosaicos del Alcazar, del 25 al 29 de Enero, en las que intervendrán destacados historiadores, así como descendientes de las víctimas.
Por último, retomamos el meollo de la cuestión: Las exhumaciones. Estas sin duda refuerzan y complementan la identificación de las víctimas (a través de las pruebas de ADN), contribuyen a su reconocimiento y reparación y sustentan como prueba irrefutable el relato histórico de la crueldad de la política represiva del franquismo, tanto durante la guerra como en la dictadura. Pero para que todo esto ocurra deben cumplirse ciertas condiciones técnicas y legales que otorguen significado social y memorialista al hecho de exhumar, más allá de la comprensible exigencia familiar de dar digna sepultura a sus ascendientes. En primer lugar, desde el punto de vista técnico, la exhumación de fosas con miles de cadáveres (entre ellos muchos que fueron enterrados junto con los fusilados, pero que murieron por causas naturales) presenta una enorme complejidad, además de un alto coste económico, que sólo podría ser solventada con garantías a partir de la actuación combinada de diferentes Administraciones (central, autonómica y local) junto con las Asociaciones de Memoria Histórica. Recordemos que el deber de exhumar corresponde al Estado, como cuerpo que sustenta los valores democráticos, y no solo -ni siquiera principalmente- a las corporaciones locales. Además, debe tenerse en cuenta que no todas las fosas son exhumables, por la sencilla razón de que se ha construido encima. En el caso de Córdoba, hay evidencias fidedignas de al menos cuatro fosas más, dos de las cuales se situarían respectivamente junto al antiguo matadero municipal y en el entorno de la Choza del Cojo, cerca del actual Carrefour. ¿Habría que incluir esas fosas en el programa de exhumación? ¿No tienen derecho las victimas allí depositadas a un enterramiento individual?…Como vemos, la cuestión no es tan simple como por parte de algunos se nos quiere hacer ver. Más importante aún que los requisitos técnicos resulta el marco legal en que se realiza la exhumación. El actual gobierno suscribió en Septiembre de 2009 los acuerdos de la Convención Internacional de protección contra las desapariciones forzadas, que reconoce esta figura jurídica como delito imprescriptible y no amnistiable. Pues bien, en las dos fosas de San Rafael y la Salud reposan más de mil personas innominadas, asesinadas en sacas colectivas. Se sigue produciendo así un delito de desaparición forzosa, que exigiría la tutela judicial o la asistencia de una Fiscalía de la Memoria en las tareas de exhumación, aspecto que no contempla el actual Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Postguerra .
Con presencia judicial y garantías técnicas y presupuestarias, el Foro por la Memoria de Córdoba está dispuesto a impulsar y participar en un proyecto de exhumación de las fosas, para que la ciudadanía cordobesa reconozca todo su pasado reciente, y no solo la versión entre costumbrista y nostálgica (y por tanto, falsa) que de los años de la dictadura sigue ofreciéndose. Se trata, en definitiva, de exhumar la memoria.