Por Luis G. Naranjo

Profesor y miembro del Foro por la Memoria de Córdoba

Muchos de los mitos y falsedades históricas impuestas y difundidas por los vencedores de la guerra civil como la verdad oficial de lo acontecido siguen formando parte del imaginario colectivo de los españoles del siglo XXI, entre otras razones por el desistimiento de las élites políticas y académicas del nuevo régimen constitucional del 78 para construir un relato históricamente ajustado y moralmente comprometido con los que perdieron su vida o su libertad luchando por la Republica y por la democracia, tal y como sí se hizo en la mayor parte de los países de nuestro entorno geopolítico una vez finalizada la segunda guerra mundial. Es la persistencia de esta visión deformada del pasado la que explica la desorientación o el desinterés de parte de la ciudadanía ante la difícil tarea de rescatar del olvido a miles de desaparecidos bajo la dictadura y de honrarlas como lo que fueron, combatientes por la libertad ante el fascismo.

Partiendo de visiones metafísicas o raciales ( “lucha fraticida entre españoles que sacaron lo peor de si mismos, la violencia innata que nos caracteriza”) , es posible opinar que no tiene sentido mirar atrás o reabrir viejas heridas…argumentos tópicos utilizados profusamente. Por el contrario la necesidad de un acto de reconocimiento material y moral de las victimas del franquismo se impone si convenimos, como ya ha establecido sobradamente la investigación historiográfica, que la guerra civil no fue un hecho inevitable sino la consecuencia de un pronunciamiento militar fallido y si se advierte que la práctica totalidad de las decenas de miles de desaparecidos –la Asociación de Memoria Histórica de Andalucía acaba de entregar una lista provisional de 21.959 personas- formó parte de la España Republicana, ya que los represaliados del bando franquista hace ya décadas que se encuentran reconocidos y hasta en algunos casos elevados a los altares. Sobre todo, conviene recordar que buena parte de estos desaparecidos lo fueron tras el fin de la guerra, durante la década de los 40. Aquí ya no puede hablarse de “bandos enfrentados” sino de una determinación política establecida por la dictadura –esa “política de la venganza” de la que habla Paul Preston- que perpetró crímenes de lesa humanidad sobre un pueblo vencido, sometido e indefenso. Por citar algunos datos, el “estado de guerra” se mantuvo en toda España hasta 1948, en 1940 había más de 280.000 detenidos en todo el país y, para sustanciar con parodias de juicio miles de penas de muerte se crearon multitud de juzgados militares, de los que solo en Córdoba existieron 35. Si a los fusilados “legales” de estos juicios sumarísimos le sumamos las sacas incontroladas realizadas con toda impunidad por falangistas y civiles afines al régimen, más la elevada mortandad provocada por hambre y malos tratos en los campos de concentración surgidos por toda la geografía española tendremos una idea aun incompleta de lo que supuso el mantenimiento del estado de guerra y la aplicación de la siniestra Ley de Fugas para cientos de miles de españoles, cuyo único crimen había sido mantenerse leales al régimen constitucional republicano.

Estos son los desaparecidos que interpelan a nuestra conciencia democrática desde las tumbas colectivas y anónimas de los cementerios, bajo la tierra de cunetas y baldíos. Se trata, sí, de satisfacer el postergado anhelo de los familiares y el derecho de las propias victimas a descansar dignamente y honrar su memoria; pero, más allá de esta necesaria dimensión privada y doméstica, la identificación de los desaparecidos supone superar la injusticia que sobre la sinrazón mayor de su muerte lleva añadiendo este tiempo de democracia al renunciar hasta ahora a recuperar su nombre y su memoria. Es por tanto una cuestión pública, en el doble sentido de cívica y política. Lo es porque la recuperación de Todos los Nombres establece con la fuerza de los hechos la crueldad esencial del franquismo, porque sitúa a victimas y verdugos ante el juicio histórico y moral que a cada cual corresponde, y porque desvela el hilo de lucha y resistencia que vincula a través del tiempo el actual régimen constitucional y la Segunda República, que fue el referente de muchas de las victimas que se opusieron al franquismo e hicieron posible la libertad recuperada.

Precisamente por esta esencial dimensión pública el Foro por la Memoria de Córdoba reclama la implicación a todos los niveles –dotación económica, recursos humanos, apoyo jurídico, compromiso cultural y educativo- de las Administraciones del Estado para culminar definitivamente este proceso. Las Asociaciones y Foros no pueden seguir soportando con escasísimos medios y con no pocas resistencias obstaculizadoras una tarea y un reto que atañe a todo el pueblo español y, por tanto, a sus instituciones democráticas.