Por Nicolás García Pedrajas

Cada vez que en España se hace necesario proceder a la renovación de los órganos judiciales supremos del estado, surgen voces desde la derecha abogando por la independencia judicial. Especialmente cuando la derecha se encuentra en la oposición y no está en condiciones de imponer la renovación que quiera en el Parlamento.

La argumentación es siempre la misma, el poder  judicial debe ser independiente del poder político y deben ser los jueces los que elijan a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial y del Constitucional. Los defensores de esta forma de elegir a los jueces, entre ellos la portavoz del PP en el congreso Soraya Sáenz de Santamaría, suelen soslayar el hecho de que la asociación mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, es de marcado caracter derechista. También tratan de ignorar el hecho de que una profesión tan endogámica como la de juez apenas ha sufrido transición a la democracia. De esta forma, lo que se trata de vender como una forma de garantizar la independencia judicial es sólo una forma de garantizarse su control político.

Pero llendo más allá, ¿es la independencia judicial realmente un bien en sí mismo, algo a lo que haya que aspirar por encima de todo? En primer lugar, hay que tener en cuenta que, interesadamente, se tiende a confundir independencia judicial e imparcialidad, tratando de crear la falsa asociación de que la primera garantiza la segunda. Se crea la imagen de que un juez independiente será imparcial y aplicará el derecho de forma objetiva y sin dejarse influir por sus convicciones personales. Los ejemplos en contra de esta afirmación son numerosos y evidentes, es frecuente que los jueces dicten sentencias en las cuales utilizan como argumentos sus propias creencias religiosas, citan a dios como argumento jurídico, o dan consejos a los acusados para que sigan los preceptos del catolocismo. En muchos casos, incluso, obvian principios del derecho básicos para argumentar jurídicamente decisión aberrantes. De la misma manera, la derecha ha usado a jueces de un conservadurismo extremo, para convertir al Tribunal Constitucional en una especie de Cámara de los Lores, donde las leyes aprobadas por los representantes de los ciudadanos españoles son revisadas, no desde conceptos jurídicos, sino desde el punto de vista de la ideología de los jueces. De esta forma se crea un democracia tutelada por los jueces, sujeta al libre albedrío de la ideología conservadora mayoritaria en la judicatura. En la pasada legislatura tuvimos continuos ejemplos de ello, como en el caso de los matrimonios homosexuales, donde el CGPJ emitió un informe en contra, sin tener ningún tipo de atribuciones para opinar sobre un texto legistalitivo que estaba siendo aprobado por los representantes legítimos del pueblo [1].

El segundo aspecto que se suele obviar en el tema de la independencia judicial es la impunidad que confiere a los jueces, dado el corporativismo existente entre ellos. A diferencia de la mayoría de profesiones, la independencia judicial garantiza que los expedientes abiertos ante negiligencia, prevaricación o cualquier otra falta o delito son juzgados por compañeros y no por un estamente externo. Esto hace que las sanciones sean extraordinariamente leves, como se ha puesto de manifiesto en los últimos días en el caso del juez Rafael Tirado. Pero no es este un caso aislado, el periódico Público presenta hoy un estudio [2] de como la mayoría de las faltas cometidas por jueces quedan sin sanción, e incluso cuando son sancionados las consecuencias son extremadamente benignas.

En resumen, el estado de derecho para funcionar correctamente necesita un judicatura imparcial, que trate de aplicar la ley respetando la letra y el espíritu, que sea independiente en el sentido de que sus sentencias no estén sujetas a la conveniencia del poder político, y económico. Pero de ninguna manera se puede convertir esa necesaria independencia judicial en impunidad para los jueces que cometan desmanes en el ejercicio de su profesión o para convertirse en un contrapoder sin control del pueblo soberano. Como todos los demás estamentos de un democracia, los jueces deben responder ante el puebloy sus representantes.

[1] http://www.enkidu.netfirms.com/art/2005/110105/E_058_110105.htm

[2] http://www.publico.es/151233/juez/come/juez