Por Jesús García Pedrajas

Como en el famoso cuento de Stevenson, El diablo en la botella, el negocio de la construcción se ha convertido en el paraíso de las subcontratas. Al igual que el relato, la botella cargada de beneficios (y de males) pasa de mano en mano entre los dueños de la empresas de la construcción, cada empresario sólo acepta el recipiente si piensa que podrá venderlo a otro, obteniendo un beneficio por ello, a cambio de abaratar todo aquello implicado con el negocio: materiales, especialización, plazos, etc.

El resultado es de sobra conocido: la botella acaba llegado al trabajador de la obra que, al igual que uno de los protagonistas del cuento, está tan desesperado y de vuelta de todo, que acepta sin remedio lo que le ofrecen, aunque sepa aceptar la oferta que lleva consigo el peligro de que el diablo, en la forma de la siniestralidad laboral, se lleve tu alma o, algo peor, tu vida.

La complicidad del gobierno en todo este proceso resulta escandalosa, teniendo en cuenta que todo se realiza a la vista del público, sin taparse demasiado porque, en el fondo, la mayoría de las veces, la subcontratación cumple con la mayoría de los requisitos legales; es esto, precisamente, lo que lo hace tan preocupante: las empresas pueden multiplicar sus beneficios, pueden cobrar por ser tan solo intermediarias y, en última instancia, juegan con la seguridad laboral de los empleados y con su propia vida.

Este farragoso conjunto de contratos entre diversas empresas hace, por añadidura, tarea prácticamente imposible llevar a cabo con éxito una demanda en caso de accidente laboral, en la mayoría de los casos, ni siquiera es posible identificar al responsable último de la obra en la que se ha producido el siniestro o, mejor dicho, el crimen.

La legislación actual en este sentido es el aval con el que cuentan los empresarios para poder jugar a intercambiarse los contratos, encubriéndose unos a otros, como en una ruleta rusa que suele terminar con la vida del trabajador en lo que suele denominarse como tragedias cuando, en realidad, de lo que estamos hablando son de delitos más o menos encubiertos o, cuando menos, actuaciones completamente inmorales e injustas cubiertas con el fino barniz de la legalidad; no podemos ampararse en que la situación actual es permitida por las leyes existentes, ya que, si actuaciones como éstas son protegidas por la ley, es el momento justo para cambiarlas.