Por Nicolás García Pedrajas

El arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, pidió en la homilía del Corpus Christi “que en España se respete la auténtica libertad religiosa, porque son muchos los insultos, los agravios y las ofensas que está recibiendo la Iglesia, y ante la pasividad de tantos no puede continuar esta situación”. Esta afirmación es tan ridícula que movería a la risa, si no fuera porque se trata de movimientos de una campaña bien planificada para evitar cualquier pérdida de privilegios de la iglesia católica. Resulta de lo más vergonzosa, si se tiene en cuenta además que se pronuncia en un acto puramente religioso católico al que, sin embargo, asistieron autoridades civiles, judiciales y académicas, entre las que se encontraban el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda; el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, y el delegado del Gobierno, Máximo Díaz-Cano. Todos ellos participaron en la procesión junto al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Pardo; la vicepresidenta segunda de la Junta y consejera de Economía, María Luisa Araújo, y la corporación municipal, con la única excepción de los dos concejales de IU [1]. Como es habitual en España, un acto católico convertido en acto institucional.

Y es uno de muchos. La gran mayoría de las fiestas en España son católicas y el gobierno promete sus cargos ante un crucifijo. El ejército mantiene la figura del sacerdote castrenese, la comunidad de Madrid incluye sacerdotes católicos en los comités de ética de los hospitales públicos, las universidades públicas inauguran el curso con una misa y un largo etcétera. En este largo etcétera se incluye un concordato con el Vaticano [2] que incluye barbaridades varias como “garantizar la inviolabilidad de los lugares de culto, la imposibilidad de su demolición sin ser antes privados de su carácter sagrado, la inviolabilidad de archivos, registros y documentos de la Iglesia, la libertad de publicación y comunicación, garantiza la asistencia religiosa en presidios, hospitales, sanatorios y hospicios, reconoce efectos civiles al matrimonio canónico, el compromiso estatal de cooperar con la Iglesia en sus actividades de asistencia o beneficencia, y la existencia de Tribunales eclesiásticos cuyas sentencias sobre cuestiones matrimoniales tendrán eficacia civil”, además “en el terreno fiscal se excluye a la Iglesia de impuestos sobre la renta (IRPF) y sobre el consumo (IVA,…), de pagar contribuciones urbanas por sus edificios (incluidas las residencias de sacerdotes, locales de oficinas, seminarios, conventos, y edificios de culto), de pagar impuestos reales sobre la renta y el patrimonio, además de estar totalmente exenta del impuesto por donaciones y sucesiones (siendo deducibles del IRPF los bienes donados a la Iglesia)”. Como colofón “se obliga a que toda la educación que se imparta en todos los centros docentes públicos sea respetuosa con los valores de la ética cristiana; además todos los planes educativos de la enseñanza primaria y secundaria deben incluirla enseñanza de la religión católica en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”.

La financiación merece un capítulo aparte. El estado paga los salarios de los sacerdotes mediante una transferencia mensual de fondos desde el Ministerio de Hacienda a la Conferencia Episcopal, que en 2005 fue superior a los 140 millones de euros [4]. Asimismo, el estado paga a más de 33.000 profesores de catequesis católica, que además son elegidos libremente por la iglesia católica y ni siquiera están amparados por el Estatuto del Trabajador. En total, el gobierno aporta a la iglesia católica más de 5.000 millones de euros anuales. ¿Cómo es posible que además se tenga la desvergüenza de estar constantemente amenazando y acusando a los que no creemos en sus supersticiones medievales de acoso, cuando financiamos sus caprichos, pompas y boato?

El perfectamente lógico que la iglesia eche de menos los privilegios de la epoca de la dictadura de Franco, que era diácono de la iglesia católica y al que paseba frecuentemente bajo palio, cuando los obispos además eran diputados en cortes [4], pero ya está bien. Creo que ha llegado el momento de ser más activos en nuestro laicismo y oponernos a esta continua confusión entre iglesia católica y estado que se da de forma constante. No hay que dejar pasar ni una ocasión de manifestar nuestra protesta en todos los actos públicos en los cuales se “cuele” la iglesia. También hay que dejar de asistir a cualquier acto religioso católico que con la excusa de la tradición se nos impone como algo normal. Como ya se ha dicho antes por otros motivos, ¡Nuca máis!

[1] http://www.aol.es/noticias/story/Ca%C3%B1izares-reitera-en-el-Corpus-el-mensaje-de-la-Iglesia-en-defensa-de-la-vida/4970244/index.html

[2] http://www.europalaica.com/colaboraciones/anteriores/scastella1.htm

[3] http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=37678

[4] http://www.larepublica.es/spip.php?article3263